El Gobierno analiza derogar el DNU de Macri contra los migrantes

23 Enero 2020
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Por pedido de los organismos de DD. HH.

 

El decreto que le permitió a la administración anterior expulsar del país a 3000 extranjeros en dos años, el triple que en los cuatro años precedentes, había sido cuestionado, entre otros, por el CELS y Amnistía Internacional. 

 

Una de las marcas del gobierno de Mauricio Macri fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que endureció los controles migratorios y aceleró la expulsión de extranjeros con causas judiciales pendientes. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández analiza la posibilidad de derogar esa polémica norma.

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Pocos días después de que comenzara la nueva administración los organismos pidieron la derogación del cuestionado decreto “de forma urgente para preservar los derechos de las personas migrantes”. Lo hicieron a través de “Agenda Migrante para 2020”, un texto suscrito, entre otros, por el CELS y Amnistía Internacional.

 

El mismo día de su publicación, el 30 de enero de 2017, el CELS denunció que el DNU 70 “habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado”, y subrayó que a partir de entonces los migrantes que trabajaran como vendedores ambulantes podrían ser denunciados “penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello implicará su clasificación como ‘expulsable’”.

 

Además, el decreto hizo que jueces y fiscales tuvieran que notificar “a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes”, lo cual “desata el inicio del trámite de expulsión de manera inmediata, sin importar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o un plan de vida en la Argentina”, recordó el CELS.

 

En consecuencia, las deportaciones se multiplicaron tanto como el repudio a la nueva política impulsada por la gestión anterior. El gobierno macrista cumplió 3 mil expulsiones, el triple que en los cuatro años precedentes. En el ínterin, se sumaron pedidos de inconstitucionalidad y se generó un derrotero judicial: un juez lo avaló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo rechazó y está en estudio de la Corte Suprema.

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Los organismos piden ahora "igualdad de derechos entre nacionales y migrantes", de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y que se pueda regularizar la situación de los migrantes extra Mercosur.

 

El tema está en la órbita del ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” De Pedro, y de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Florencia Carignano.

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FM PATAGONIA

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