Ya rige el saqueo a los jubilados votado en diciembre

09 Febrero 2018
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Se publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la ley que permite extender la edad jubilatoria y recorta $ 100.000 millones anuales en 2018 en gastos de jubilaciones y pensiones.

La nueva ley previsional votada a fin de año que implicará un leve aumento en las jubilaciones y las asignaciones por hijo de 5,7 % en marzo de 2018 fue reglamentada hoy a través del decreto 110/2018 publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno decidió dejar sin efecto las intimaciones que fueron enviadas antes de la aprobación de la nueva ley a los trabajadores que estaban por jubilarse con 65 años y reunían los 30 años de aportes.
Por la nueva ley los trabajadores pueden trabajar hasta los 70 años. De esta manera el decreto habilita al trabajador que quiera "elegir" continuar en su puesto de trabajo en vez de jubilarse pueda hacerlo. Es decir, se autoriza extender la edad jubilatoria.
El decreto establece que aquellos trabajadores que alcancen los 65 años, tengan 30 años de aportes, no tendrán derecho al pago de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) si eligieron continuar trabajando sin tramitar por un tiempo el alta de su haber jubilatorio.
La interpretación previa a la reglamentación era que cualquier persona, si cumplía con la edad, podía gestionar la prestación y seguir trabajando, se postergaba su jubilación en caso de que tuviera cumplidos los requisitos para tramitarla.
Además, el decreto explicita que no se podrá percibir la PUAM si uno es beneficiario de otra jubilación o pensión. La norma detalla que es incompatible la pensión para el adulto mayor si "la persona tenga derecho en forma simultánea a una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, incluso los beneficios que otorgan las Cajas o Institutos provinciales o municipales, no transferidos al Estado Nacional y las Cajas de Profesionales".
La reglamentación lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y regula los artículos 1, 3, 4, 7, 8 y 9 de la Ley 27.426; y el 13 y el 16 de la Ley 27.260.
El primer artículo señala que los beneficios previsionales de quienes cobran reajustes dispuestos por el Programa Nacional de Reparación Histórica, "estarán alcanzados por la movilidad trimestral establecida por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias".
El decreto establece que Anses será la encargada de "fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en concordancia con el índice de movilidad que se fije trimestralmente a partir del 1 de marzo de 2018".
Además, la Anses "determinará el valor mensual de la Prestación Básica Universal y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que regirán a partir del 1 de marzo de 2018, y sucesivamente, los valores que correspondan en forma trimestral según la variación del índice de movilidad establecido".
El organismo "actualizará los montos de las asignaciones familiares y los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro a partir del 1 de marzo de 2018, aplicando la movilidad".
Por su parte, la reglamentación indicó que a los beneficios con sentencia firme de reajuste basada en autoridad de cosa juzgada con anterioridad al 1° de marzo de 2018, se les asignará la movilidad mencionada a partir de esa fecha.
El Gobierno con la nueva ley previsional recortó $ 100.000 millones anuales en 2018 en gastos de jubilaciones y pensiones.
La nueva fórmula condena a los jubilados y a los beneficiarios de la AUH a erosionar sus ingresos en el tiempo. Las perdidas promedio anuales para las jubilaciones son mayores a los $6.000 y para las asignaciones se calculan perdidas de $ 1.052 anual.


Fuente: 24con.com

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