Abrieron la investigación por asociación ilícita y los cinco imputados seguirán en prisión

10 Marzo 2018
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En una audiencia de control realizada por espacio de algo más de cuatro horas en la sala del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, el Juez Sergio Piñeda valoró los elementos acercados por el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams, quienes expusieron ampliamente acerca de los hechos cometidos por los involucrados, imputando asociación ilícita en concurso con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública, administración fraudulenta y también enriquecimiento ilícito.

  Así, el doctor Piñeda determinó la apertura de investigación, en principio por seis meses considerando que hay mucha prueba para analizar y en este marco consideró que se debía neutralizar a los imputados teniendo en cuenta los peligros procesales. “Aquí es aplicable la prisión preventiva, entendí sobre la existencia de una asociación ilícita desde el mismo momento que el Ministerio Público Fiscal fue dando a conocer todo lo colectado, con un jefe y distintas personas que han participado, siendo el fin la obtención de bienes del erario provincial”, manifestó el magistrado en su resolución.
  Dijo luego que un delito con una pena en abstracto que tiene tres años no necesariamente es condicional, de acuerdo al artículo 26 del código penal. Agregó que se dan presupuestos del artículo 221, relacionado con el peligro de fuga, dada la circunstancia que fue detenido Correa, cuando iba a realizar un viaje y con una respetable suma en su poder. Se refería a lo mencionado por los fiscales, quienes indicaron que a Diego Correa se lo detuvo con pasajes aéreos en su poder y con 600 mil pesos escondidos en la rueda de auxilio. Del mismo modo, todos los imputados cuentan con disponibilidad y cantidad de bienes, así que cualquiera está en condiciones de irse de la zona y del país, aseguró el juez en consonancia con lo solicitado por la fiscalía.
  Esto se trata de la afectación del erario público a favor de particulares y estamos hablando del dinero del estado provincial, afirmó al señalar que se trata de un hecho grave. Expresó que existía por tal motivo el peligro de fuga, sumándose la expectativa de pena y también el entorpecimiento previsto en el artículo 222, al entender que no está agotada la posibilidad de encontrar más pruebas. Las personas en libertad pueden llegar a tener influencia para ocultar o desaparecer evidencias, y asimismo llegar a influir en terceros para futuros testimonios.
  Se ha podido lograr por parte de la fiscalía la vinculación de las personas imputadas y todas tienen que ver con el aprovechamiento del erario público generando empresas y realizando operaciones diversas como por ejemplo la venta y compra de vehículos. Para Piñeda, al contrario de las defensas, las conductas fueron descriptas y los roles identificados por el Ministerio Público Fiscal y los pedidos de sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario no alcanzaría a neutralizar los peligros procesales, siendo de extrema necesidad que continúen con la medida de coerción. Aseguró que no hubo justificaciones por parte de los defensores, ni siquiera los informes sociales que superen el interés superior de esta presunta defraudación con una calificación de tamaña envergadura.
  Por todo lo expuesto, determinó la prisión preventiva por seis meses de Diego Correa y Sandro Figueroa, defendidos por Fabián Gabalachis, y de Natalia Mc Leod, Juan Carlos Ramón y Diego Luters, todos representados por Lisandro Benítez acompañado por Pablo Sánchez. También, a solicitud del Ministerio Público Fiscal, ordenó embargo de los rodados secuestrados, la disponibilidad absoluta de bienes de los imputados en el marco del artículo 232 del código procesal penal, el congelamiento de cuentas y el levantamiento de secretos bancarios, autorizando a librar oficios al respecto, lo que estará a cargo de la propia fiscalía.
Hechos
  Previamente, el fiscal Omar Rodríguez, acompañado por Alex Williams, dio a conocer los hechos, la investigación preliminar, los aspectos generales de la maniobra, la forma en que se conformaban las empresas y el presunto lavado de activos y lo que fue considerado como el enriquecimiento ilícito, a partir de las maniobras llevadas adelante y con el uso de bienes públicos.
  Se expuso que en fecha que no se ha podido establecer con exactitud presumiblemente en el mes de diciembre del año 2014, hasta el presente, en lugar no determinado aún por esta investigación,  Diego Miguel Correa, Natalia MC Leod (pareja del nombrado), Daniela María Ines Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlo Ramón (alias Tato) y Diego Luters, -el último de los nombrados su sumó al grupo en diciembre del año 2015 cuando el Directorio del Banco del Chubut autorizó la adscripción del nombrado en la Secretaría privada del Gobernador, concretándose su designación el 20 de enero del año 2016 en el cargo de Secretario del Subsecretario Diego Correa. Así las cosas, los nombrados acordaron tácitamente asociarse para cometer ilícitos indeterminados relacionados, en su mayoría a la sustracción de fondos públicos, algunos de ellos, bajo la modalidad de contrataciones directas a través de la Subsecretaria de Unidad del Gobernador, encuadrando la conducta de los nombrados en la figura de Asociación Ilícita de conformidad con el art. 210 del CP, agravado por la condición de Jefe Respecto de Diego Miguel Correa.
Aspectos Generales de la maniobra
  En el año 2013, Natalia Mc Leod , -pareja de Diego Correa, -actual Subsecretario de la Unidad del Gobernador-, junto a su amiga Daniela María Inés Souza, adquirieron una empresa cuya razón social se denomina DUAL CORE SRL. La misma tenía por objeto la realización de obras en materia de construcción, emprendimientos inmobiliarios, asesoría contable, compraventa de bienes muebles, actividad publicitaria, servicios de computación, etc. Posteriormente, en fecha 14-05-14 Dual Core SRL. cambia el domicilio de la sede social a Velero Vesta Nro. 127 de Trelew, lugar de residencia de Diego Miguel Correa y Natalia Mc Leod. Ese mismo año, pero en el mes de diciembre, Natalia Mc Leod, a fin de no dejar evidencias que pudieran vincular a su pareja Diego Correa, a través de ella, con la empresa Dual Core, y de esa manera esconder las verdaderas intenciones, que no era otra que hacerse de fondos públicos con el objeto de engrosar sus patrimonios personales, se esconde detrás de una interpósita persona, su tío por parte de madre, Sandro Javier Figueroa , a quien transfiere las cuotas sociales.  En dicho acto Figueroa Sandro fija domicilio en calle Sarmiento Norte Nro. 756 del Barrio Municipal de esta ciudad de Trelew. Quedando conformada la sociedad entre Figueroa y Souza, esta última revistiendo el carácter de socia gerente.
En octubre del año 2014 la empresa DUAL CORE SRL. adquiere una camioneta Ford Ranger resultando ser un 75 % de Daniela Souza, y un 25 % de Natalia Mc Leod, socia en ese entonces de la empresa de mención. En dicha oportunidad Daniela Souza, Socia Gerente de la empresa deja como número de contacto el número de teléfono perteneciente a Diego Correa, lo que pone de manifiesto la relación de dependencia, subordinación, que tenía la nombrada respecto del Jefe Correa. Por otra parte, en su calidad de Socia Gerente autoriza a la tramitación de la tarjeta azul para poder circular en la camioneta de mención en favor de Diego Correa y Juan Carlos Ramón (alias Tato) empleado de la firma aludida. Lo que viene a demostrar en este tramo, que Diego Correa estaba detrás de la empresa Dual Core Srl. por ese entonces.
A partir del 14 de diciembre del año 2015, Diego Miguel Correa es designado por decreto del Gobernador de aquel momento, Mario Das Neves en el cargo de Subsecretario de la Unidad del Gobernador del Ministerio de Coordinación de Gabinete, e inmediatamente se incorpora Diego Luters, como su secretario privado, el 20 de enero del año 2016, quien será su hombre de confianza cumpliendo un rol clave dentro de la estructura funcional. Desde allí se llevarán adelante contrataciones directas con empresas vinculadas a los integrantes del grupo imputado, consistente en trabajos de refacción y reparación de viviendas oficiales, como así también en materia del servicio de sonido para actos oficiales.
Es así que respecto de las contrataciones directas con la empresa Dual Core Srl. desde la Subsecretaria de la Unidad del Gobernador, con el objeto de refacción y reparación de viviendas oficiales, el modus operandi en la mayoría de los casos era similar. Dual Core Srl. representada por Daniela Souza, y “Concretando” una empresa unipersonal perteneciente Juan Carlos Ramón, quien a su vez era empleado de Dual Core Srl. y firmaba como su representante técnico, llevaban a cabo una ficción de concurso de precios. “CONCRETANDO” a través de Juan Carlos Ramón, presentaba el precio más elevado, lo que permitía a partir del cuadro comparativo simulado adjudicarle la obra por conveniente a la empresa Dual Core Srl. De esta manera llegaba el expediente a manos de Diego Correa quien, autorizaba la contratación directa con la empresa aludida, para luego conformar la factura emitida por la misma, coincidiendo el domicilio real del funcionario, con el domicilio legal de la sociedad comercial Dual Core SRL., esto es Velero Vesta 127 de la ciudad de Trelew. En el impulso a fin de llevar a cabo las contrataciones con la empresa aludida, intervenía de manera activa, Diego Luters, secretario privado de Correa, quien, al carecer de firma necesaria para generar los pases correspondientes, a fin de dar continuidad al trámite de contratación, le hacía firmar a Dario Alexis Gabra, quien sí poseía firma habilitada al efecto, toda vez que era Director General de Administración.  Ejemplo de lo dicho, se desprende del Expte 1257/16 donde se contrató de manera directa de la SUG, a Dual Core Srl. para refaccionar una vivienda oficial.
Posteriormente, fines del año 2016, con el propósito de ampliar el espectro de la organización delictiva, y siempre teniendo en mira el incremento patrimonial personal adquieren la empresa Sepat SRL, que, por ese entonces, uno de los socios de la misma, era Alexis Darío Gabra, quien cumplía funciones, desde 1° de febrero de 2016 en el cargo Director General de Coordinación de Gestión - Subsecretaría Unidad Gobernador - Secretaría General de Coordinación de Gabinete - Ministerio de Coordinación de Gabinete. En circunstancias que el nombrado, compartía labores con Diego Luters, secretario privado de Diego Miguel Correa, comentó su intención de desprenderse de la empresa. Es así que inmediatamente Luters pone manos a la obra y junto a Correa oficiando ambos de intermediarios consiguen dos personas interesadas en comprar la mencionada firma, nada menos que la hermana de su pareja de nombre Giuliana Mc Leod, con residencia en La Plata, y Darío Correa, pariente del Subsecretario, con residencia en Quilmes Pcia. De Bs. As. A partir de allí Diego Luters va a tener una proactividad tendiente a concretar el traspaso de la Sociedad de Gabra a manos de Giuliana Mc Leod. Es así que por su intermedio le hace el contacto con el contador Federico Gatica, a fin de concretar el traspaso de la mencionada firma, la cual se concreta finalmente, según constancias de Inspección de Personas Jurídicas, en noviembre del año 2016, donde Gabra, vende, cede y transfiere cuotas sociales de la Empresa SEPAT SRL., a GIULANA MC LEOD DNI. 36.650.944, con domicilio en Sarmiento Norte nro. 784, de Trelew, y a DARIO DOMINGO CORREA, DNI 17.420.009, con domicilio en calle 335  2695 de Trelew. (este domicilio sería de la ciudad de Quilmes). Por su parte GREGORIO CARLOS ALBERTO DRACH, vende, cede y transfiere las cuotas sociales que poseía en la sociedad a DARIO DOMINGO CORREA, fijando el asiento legal de la empresa en el domicilio de Giuliana Mc Leod, esto es calle Sarmiento Norte nro. 784 de Trelew, quedando como Socia Gerente de Sepat SRL. la nombrada.
A fin de llevar adelante las maniobras delictivas, y en atención que las interpósitas personas, Dario Correa y Giuliana Mc Leod, residen fuera de nuestra provincia, nuevamente aparece la figura de Daniela Souza, como parte necesaria de la estructura, a fin de materializar el ilícito pergeñado, quien en su carácter de apoderada de la empresa Sepat Srl. va a estampar su firma en distintas órdenes de compra, en miras a obtener de manera fraudulenta fondos del estado, recordando que Daniela Souza figura como Socia Gerente de la Srl. Dual Core.
Así fue que, desde la Subsecretaría de la Unidad Gobernadora a cargo de Diego Miguel Correa se realizaron durante el año 2017 contrataciones directas con la firma SEPAT SRL.  El objeto social de la mencionada es la explotación y administración del rubro hotelería, turismo; la explotación de salones de fiestas, organización de espectáculos artísticos, deportivos, culturales, etc.
Las contrataciones en su mayoría se iniciaban través de presupuestos presentados por SEPAT SRL., al responsable de Ceremoniales de la Gobernación, de apellido Alarcón, quien lo elevaba al Subsecretario Diego Miguel Correa, quien autorizaba dicha contratación con la empresa de su cuñada y pariente. Casi la totalidad de las contrataciones directas tenían por objeto cubrir actos oficiales de gobierno en materia de sonido. A modo de ejemplo, el acto inaugural de la réplica de Dinosaurio que se encuentra en el acceso de nuestra ciudad, acto de inauguración del mercado concentrador de nuestra ciudad, acto realizado en Comodoro Rivadavia, donde hablara el Ministro de Defensa de Nación, con motivo de su visita a raíz de la catástrofe climática vivida en la ciudad petrolera y otros.
Las escuchas telefónicas
  Uno de los aspectos sobresalientes durante la audiencia se dio cuando el fiscal Alex Williams hizo alusión a las diversas escuchas telefónicas de los teléfonos interceptados con autorización para la investigación. Aseveró que allí pudo escucharse a Mc Leod y Souza en diversas conversaciones, entre ellas algunas en las que hablaban sobre la posibilidad de retirar dinero para pagar a la propia Souza y Figueroa. En esas escuchas habría detalles de movimiento de dinero, adquisición de terrenos y otras maniobras.
  También mencionó una donde Diego Luter demostraba su interés partrimonial y la confianza que sobre él guardaba Correa. En esa conversación le advierten.: “decile a Diego que de fiscalía vinieron a buscar documentación”.  Para la fiscalía, los imputados estaban al tanto de que eran investigados y en algunos aspectos trataron de deshacerse de elementos comprometedores como vehículos y bolsos con documentación, estos últimos encontrados en la casa de la madre de Luters, ya que Correa había pedido que desaparezcan.
  En una de las escuchas se señala que el propio Correa había viajado a Buenos Aires y comunicándose con gente de confianza manifestó “lo tienen apuntado al procurador y ya sabemos quiénes son los que nos escuchan por teléfono”. Al poco tiempo cambió su número telefónico y se lo dijo a otro hombre de confianza: Juan Carlos Ramón, quien es captado en una comunicación cuando le da esta noticia a otra persona.
  En el transcurso de la audiencia el defensor Lisandro Benítez relativizó el valor de las escuchas, diciendo que cada uno le da la interpretación que desea. En la réplica el fiscal Omar Rodríguez ofreció hacer públicas en ese mismo momento las escuchas seleccionadas para que sean consideradas por las partes. El Juez consultó a las defensas y Benítez se negó a tal posibilidad, mientras Gabalachis dijo que él no había efectuado ninguna expresión sobre el particular.

 

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