La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n hizo lugar a planteo del Ministerio P\u00fablico y revoc\u00f3 la decisi\u00f3n dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut en un caso de abuso sexual agravado, ordenando que se dicte un nuevo fallo
El caso se origin\u00f3 en 2016, cuando la v\u00edctima denunci\u00f3 a su expareja por abuso sexual con acceso carnal. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, el acusado forz\u00f3 a la denunciante a mantener relaciones sexuales en su domicilio. La causa fue elevada a juicio, pero en 2018, un tribunal local absolvi\u00f3 al imputado, argumentando que no exist\u00edan pruebas suficientes para acreditar el delito m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable al considerar que la v\u00edctima era obesa.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut desestim\u00f3 el recurso de la fiscal\u00eda, calific\u00e1ndolo de inadmisible. Ante esta situaci\u00f3n, el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, interpuso una queja ante la Corte Suprema, se\u00f1alando arbitrariedades y violaciones al debido proceso en las instancias judiciales previas.
Sin perspectiva de g\u00e9nero
La resoluci\u00f3n de absoluci\u00f3n hab\u00eda sido adoptada por tres juezas. Tras analizar los hechos y testimonios, Patricia Reyes, Marcela P\u00e9rez y Patricia Asaro determinaron que no se pudo comprobar el abuso sexual.
La Corte Suprema consider\u00f3 que la absoluci\u00f3n y su posterior ratificaci\u00f3n en instancias provinciales no estaban debidamente fundamentadas. Subray\u00f3 que las resoluciones judiciales deben ser razonadas y basarse en una interpretaci\u00f3n adecuada de las pruebas, criterio que no se respet\u00f3 en este caso.
La Corte hizo especial \u00e9nfasis en el contexto de violencia de g\u00e9nero en el que se desarrollaron los hechos, subrayando las obligaciones del Estado derivadas de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 y la Ley 26.485 de Protecci\u00f3n Integral de las Mujeres. Estas normativas exigen actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia de g\u00e9nero, garantizando una respuesta judicial efectiva y con perspectiva de g\u00e9nero.
Con esta decisi\u00f3n, la Corte Suprema orden\u00f3 que el caso regrese al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a las garant\u00edas constitucionales y procesales.
Controversias en el juicio
\u00abNo es a los fines de hacer una acci\u00f3n discriminatoria ni es mi \u00e1nimo ofender la intimidad de la se\u00f1ora. Tenemos que trabajar sobre hechos reales y no con sentimentalismos. Lo que voy a decir la se\u00f1ora fiscal lo puede acreditar: estamos analizando un hecho de abuso sexual de una mujer obesa\u00bb, indic\u00f3 la defensora Mar\u00eda Ang\u00e9lica Leyba en la etapa de alegatos.
El presunto ataque se desencaden\u00f3 en octubre de 2016. La v\u00edctima estaba en su casa cuando se present\u00f3 su ex pareja y padre de su hijo. Despu\u00e9s de una discusi\u00f3n, el hombre la llev\u00f3 por la fuerza a su dormitorio y la oblig\u00f3 a mantener relaciones sexuales.
El protocolo de casos de abuso sexual dio resultado positivo y el caso fue calificado como \u00ababuso sexual con acceso carnal\u00bb por parte de la Fiscal\u00eda. Sin embargo, para la defensora lo que ocurri\u00f3 fue una relaci\u00f3n sexual consentida y no hubo delito.
\u00abEl se\u00f1or le sac\u00f3 la calza, y yo me pregunto si a una persona obesa puede un hombre que pesa 75 kilos forzarla a sacarle una calza. La calza es una prenda de vestir que no es de f\u00e1cil acceso para colocarla o sacarla\u00bb, comenz\u00f3 Leyba. \u00abNo hace falta que le explique al Tribunal lo molesto o dificultoso que resulta sacarse una calza\u00bb, sostuvo la letrada.
En su fallo, las juezas Reyes, P\u00e9rez y Asaro reconocieron que la investigaci\u00f3n de un delito de estas caracter\u00edsticas \u00abno es sencilla\u00bb y que \u00abes relevante la declaraci\u00f3n de quien result\u00f3 v\u00edctima\u00bb. \u00abLa duda no ha podido ser despejada, pues no solo el medio comisivo no ha sido superado si no que tampoco se ha corroborado el dolo del autor. Es en esta etapa que se requiere absoluta certeza, que no hemos podido arribar\u00bb.
No obstante, la Corte Suprema consider\u00f3 que el enfoque adoptado por el tribunal de origen fue insuficiente y que el beneficio de la duda no puede derivar de una interpretaci\u00f3n sesgada o carente de perspectiva de g\u00e9nero.
Con esta decisi\u00f3n, la Corte Suprema reafirma el compromiso del sistema de justicia de garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con apego a las garant\u00edas constitucionales, respetando los derechos de las v\u00edctimas y asegurando que las resoluciones sean fundadas y razonadas.
Este fallo subraya el rol central del Ministerio P\u00fablico Fiscal en la promoci\u00f3n de justicia y marca un precedente en el abordaje de casos de violencia de g\u00e9nero en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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