La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente y derivó en medidas judiciales urgentes, entre ellas un allanamiento para secuestrar dispositivos electrónicos y una restricción de acercamiento para proteger a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn investiga por estas horas un presunto caso de grooming que involucra a un docente de la Escuela N° 750 y a una estudiante de 13 años.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de la adolescente, quien alertó sobre comunicaciones inapropiadas que el docente habría mantenido con su hija a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
La investigación está a cargo de la fiscal general María Eugenia Vottero, quien dispuso una serie de medidas urgentes con el objetivo de preservar pruebas y resguardar a la menor mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.
De acuerdo con los primeros elementos incorporados al expediente, el docente habría mantenido contacto directo con la estudiante fuera del ámbito escolar mediante mensajes de carácter personal que no guardaban relación con actividades pedagógicas.
Entre los textos mencionados en la denuncia, el hombre le habría manifestado a la adolescente que “quería ser su poeta”, que “quería ser su amor”, que “la quería” y que “no quería estar lejos de ella”.
Ante la gravedad de la situación, el juez interviniente autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, chips y otros dispositivos electrónicos que podrían contener evidencia relevante para la investigación.
La medida también incluyó la requisa personal del imputado y de las personas que se encontraban en el domicilio al momento del procedimiento, ante la posibilidad de que existiera riesgo de ocultamiento o eliminación de pruebas.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, en función de los elementos reunidos hasta el momento, los hechos investigados podrían encuadrarse en el delito de grooming, contemplado en el artículo 131 del Código Penal argentino.
Esta figura penal establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para quienes contacten a menores de edad a través de medios digitales con fines sexuales.
Como parte de las medidas de protección para la víctima, la Justicia dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del imputado respecto de la adolescente, su grupo familiar y el establecimiento educativo al que asiste.
La restricción rige en un radio de 200 metros y tendrá una duración inicial de 30 días, con el objetivo de garantizar la seguridad y la integridad de la menor durante el desarrollo de la investigación.
La causa continúa en etapa investigativa y en las próximas semanas se realizarán pericias informáticas sobre los dispositivos secuestrados, además de otras diligencias judiciales destinadas a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
