El Gobierno de Javier Milei avanza con una fuerte reestructuración en el área de Derechos Humanos, que incluiría el posible traslado de la Subsecretaría de Derechos Humanos desde el predio de la ex ESMA, sitio emblemático de la memoria y el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
La medida, aún no oficializada, se enmarca en una serie de cambios impulsados por el Ministerio de Justicia que ya provocaron el despido de más de 400 trabajadores del sector, entre ellos empleados del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de Memoria ESMA, recientemente declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS, denunciaron que estas decisiones buscan «vaciar de contenido» las políticas de memoria, verdad y justicia. Alertan además sobre la intención del gobierno de «borrar la historia argentina» vinculada a los crímenes de la dictadura.
Desde el Ejecutivo justifican la reorganización como parte de un proceso para eliminar estructuras burocráticas y reducir el gasto público. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, y se prevé una creciente tensión con los organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
