La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como «Servicio Estratégico Esencial», con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El documento, que ahora se debatirá en la Cámara de Senadores, estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente en los escenarios de paro o cese de actividades.
En qué consiste el proyecto en Diputados para regular las huelgas docentes
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la «nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento» de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que «este proyecto beneficia a toda la sociedad» y agregó que «pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo». «Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse», precisó.
Añadió que el proyecto busca que «en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda». «Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario», remarcó.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca «es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo». «A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza», agregó y señaló: «El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país».
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que «hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días».
La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: «Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina».
