Profesionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan en el documento, a instancias de la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado. El objetivo es que esté concluido para mayo.
En tarea articulada entre el Poder Ejecutivo y Legislativo comenzó a reunirse en abril último en la escuela de Abogadas y Abogados del Estado (EAAE) la mesa de profesionales que ya redacta un manual de normas que fijará las pautas para la confección de proyectos (de ley, comunicación, resolución y declaración), decretos y resoluciones.
“La Escuela no solo se pensó como un ámbito para la actualización de los recursos humanos sino también para la discusión, la construcción en conjunto y la búsqueda de consensos sobre los cambios necesarios que se requieren para agilizar los procesos administrativos dentro del Estado. En esa línea, nos propusimos alentar la conformación de esta mesa de trabajo”, dijo Andrés Giacomone, director ejecutivo de la Escuela.
Giacomone destacó a los profesionales que llevan adelante la discusión, Augusto Cerra y Zulma Mendieta por el Poder Legislativo y María Magdalena Nápoli, de la Asesoría General de Gobierno. “Son profesionales que conocen muy bien las dificultades que se generan a diario y que obstaculizan la gestión. El instrumento que están conformando será de enorme utilidad para el Estado”, agregó.
La decisión de contar con un manual se sustenta en la importancia que reviste que la elaboración de cualquier tipo de norma respete idénticas reglas a fin de no incurrir en errores graves y hasta la judicialización de temas por interpretaciones erradas de la letra.
“Hay muchos problemas con el principio de concisión. En técnica legislativa hay una necesidad imperiosa de escribir simple, llano, que tenga una naturaleza preceptiva; que no sea una manifestación de lo que pensamos o de lo que nos gustaría que suceda, sino que son órdenes o mandatos jurídicos. Tenemos artículos donde las redacciones son largas, no se comprende bien cuál es la intención de quien impulsa el proyecto y cuál es el objeto de la norma”, dijo Augusto Cerra, a cargo del Digesto Jurídico de la Honorable Legislatura provincial cuando se lo consultó sobre los principales problemas que observa a diario.
Textos claros
La redacción del texto normativo debe seguir los principios de concisión, claridad y precisión porque, por lógica, lo que se pretende es que la norma sea comprendida por todos.
“El texto normativo se origina en una decisión política que, para ser instrumentada, requiere normas que sean respetadas por la ciudadanía. Por eso es de extrema importancia cómo está redactado el documento ya que su interpretación correcta o incorrecta hará que su cumplimiento sea el esperado o que se incurra en un error, realizando una conducta distinta de la mandada por la norma”, explicó.
De esta manera, señaló, el manual de normas aportará los parámetros básicos y fundamentales para estandarizar el criterio con el que se redactan los textos a fin de evitar confusiones ante una redacción equivocada o ambigua que muchas veces provoca errores de interpretación y le resta previsibilidad al ordenamiento jurídico.
“Nosotros siempre decimos que el digesto jurídico es una herramienta para la democratización; es un contrasentido que en plena democracia existan normas oscuras en su interpretación que dificultan la comprensión por parte del ciudadano. Lo que pretende un manual de técnica legislativa, entonces, es disipar esa oscuridad de los textos para que todos los ciudadanos a la que va destinada el cumplimiento de la norma puedan entender qué norma está vigente y cuál es su alcance”, abundó.
La mesa de trabajo prevé finalizar la tarea a fines de mayo
