El referente sindical Luis Núñez advirtió una situación “grave y preocupante” en el conflicto que involucra a los trabajadores de la ex Alpesca y la empresa Red Chamber, luego de que la firma no se presentara a ninguna de las audiencias de conciliación obligatoria, pese a estar convocada por la Secretaría de Trabajo.
Según explicó, este incumplimiento obligó al gremio a solicitar que se deje sin efecto la conciliación, ya que “si la empresa no se presenta y nos ata de manos, la herramienta pierde sentido”. A la vez, cuestionó que la Secretaría de Trabajo no haya actuado frente a las reiteradas ausencias de la compañía.
Núñez señaló que la empresa presentó únicamente un escrito en el que justificó haber dado de alta a más de 70 trabajadores bajo modalidad eventual, argumentando que existía un acuerdo firmado con el Gobierno que habilitaba este tipo de contratación. El dirigente calificó esta situación como “lo más grave”, ya que se trata de empleados que durante décadas trabajaron bajo relación laboral permanente en Alpesca y luego en Red Chamber.
El sindicato reclama que tanto el Gobierno provincial como la empresa exhiban ese supuesto acuerdo. En caso de existir, afirmó que sería “nulo”, porque el Ejecutivo no tiene facultades para modificar las relaciones laborales entre la firma y sus trabajadores. Si no existiera, Núñez sostuvo que la empresa estaría “mintiendo abiertamente”.
El dirigente también advirtió que podría tratarse de un fraude laboral, ya que muchos de los trabajadores afectados son delegados o integrantes de la comisión directiva, lo que podría implicar una maniobra antisindical. Además, recordó que la ley sancionada en 2014 —que reguló el arrendamiento de los bienes de la ex Alpesca— obliga a cualquier empresa concesionaria a respetar antigüedad, categoría y remuneración, obligaciones que, aseguró, no se están cumpliendo.
Núñez manifestó preocupación por la “inacción vergonzosa” de la Secretaría de Trabajo, que debería controlar que se respete la conciliación obligatoria y garantizar derechos laborales. También anticipó que, si al finalizar la conciliación el 18 de diciembre no hay una solución, el gremio continuará con medidas de reclamo para evitar que “74 familias queden en la calle”.
Finalmente, el sindicato pidió una vez más que se haga público el contrato rubricado entre el Gobierno y la empresa, así como cualquier acuerdo adicional. “Si ese documento existe o no, debe saberse. Y si la empresa actuó de manera irregular, deben aplicarse las sanciones correspondientes”, afirmó Núñez, quien advirtió que llevarán el caso a la justicia si no hay respuestas.
