En el marco de una investigación federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, personal policial especializado llevó adelante un amplio operativo en la ciudad de Puerto Madryn que incluyó cinco allanamientos simultáneos, además de registros domiciliarios y requisas personales y vehiculares.
Las diligencias se concretaron el 19 de diciembre en distintos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios 159 Viviendas, Güemes, Zona Norte y 160 Viviendas, bajo la órbita de la Fiscalía Federal con sede descentralizada en Rawson. La causa se inició tras un prolongado trabajo investigativo que permitió detectar la posible existencia de una organización dedicada a la comercialización y distribución de drogas.
Según se informó, la banda utilizaba como fachada el funcionamiento de un bar, desde donde se concentraba parte de la actividad ilícita, complementada con la modalidad de venta tipo “delivery” en distintos puntos de Puerto Madryn. Las tareas de inteligencia y vigilancia estuvieron a cargo de la División Drogas, con intervención permanente del Ministerio Público Fiscal.
Como resultado de los procedimientos, la Justicia calificó el operativo como positivo. Se logró el secuestro de más de 600 gramos de flores de cannabis, una importante cantidad de frascos con crema elaborada a partir de la misma sustancia y más de 1.200 semillas. Además, se incautó clorhidrato de cocaína, tres armas de fuego —dos pistolas y una carabina— sin documentación, municiones, dinero en efectivo en pesos y dólares, teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, sistemas de videovigilancia y tres vehículos presuntamente empleados para la actividad delictiva.
Tras los allanamientos, la Fiscalía dispuso la imputación de cuatro hombres mayores de edad, todos domiciliados en Puerto Madryn, por presunta infracción a la Ley 23.737.
El operativo contó con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Guardia de Infantería y la Sección Antinarcóticos, lo que permitió garantizar la seguridad del personal interviniente y la correcta ejecución de las medidas judiciales
