El Gobierno nacional oficializó la reducción de los derechos de exportación aplicados al petróleo crudo convencional mediante el Decreto N° 59/2026, publicado este jueves 29 de enero en el Boletín Oficial de la República Argentina, luego de gestiones realizadas por la Provincia del Chubut junto a empresarios y gremios del sector.
La medida establece nuevos valores de referencia para el crudo convencional que, en las condiciones actuales, eliminan el impacto de las retenciones, que hasta el momento eran del 8 %. El objetivo es sostener la producción y el empleo en las cuencas maduras, en un contexto de pérdida de competitividad del petróleo convencional.
Al respecto, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, señaló que la decisión es resultado de un trabajo técnico e institucional llevado adelante por la provincia, con aportes vinculados a diagnósticos productivos e información del sector. En ese marco, indicó que durante el último año las retenciones representaron una pérdida estimada de 240 millones de dólares para Chubut y de 370 millones de dólares para el conjunto de la cuenca.
Asimismo, explicó que los recursos que anteriormente se transferían como un impuesto no coparticipable pasarán a permanecer en la región y deberán ser reinvertidos por las operadoras en la actividad productiva.
En ese sentido, el mandatario sostuvo que la provincia continuará impulsando una agenda productiva orientada a la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo, en una etapa considerada clave para el futuro de la cuenca.
Baja de retenciones
Entre los considerandos del Decreto N° 59/2026 se mencionan los acuerdos suscriptos entre las provincias productoras y la Nación. En ese marco, el pasado 18 de noviembre Chubut firmó con el Gobierno nacional un acuerdo para avanzar en la eliminación de las retenciones a la exportación de hidrocarburos convencionales, con el acompañamiento de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de las principales operadoras de la cuenca.
Posteriormente, iniciativas similares fueron adoptadas por las provincias de Neuquén y Santa Cruz.
El decreto también establece un esquema de corresponsabilidad, mediante el cual las empresas operadoras deberán destinar los ingresos adicionales derivados de la eliminación del tributo a inversiones incrementales en la cuenca, orientadas a la reactivación de equipos, la recuperación de pozos y el sostenimiento de los niveles de producción.
