El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, impulsa una reforma a la Ley de Glaciares que despierta un fuerte rechazo de sectores ambientalistas, quienes advierten que la iniciativa pone en riesgo la protección de estos ecosistemas estratégicos.
El proyecto, promovido por gobernadores de provincias con interés minero, obtuvo dictamen en diciembre y será tratado en el Senado en febrero, en paralelo al debate por la modernización laboral. Organizaciones ambientales volvieron a manifestarse frente al Congreso para exigir que la reforma no avance.
La iniciativa redefine el objeto de protección de la ley, limitándolo a glaciares y geoformas que cumplan funciones hídricas comprobadas, y otorga a las provincias la facultad de determinar esa condición y de autorizar actividades mediante evaluaciones de impacto ambiental.
Además, se modifica el régimen de prohibiciones y se redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque con mayor dependencia de la información que aporten las provincias. Desde el Gobierno sostienen que los cambios buscan aclarar interpretaciones y reforzar el dominio provincial sobre los recursos naturales.
