Luego de anunciar una concentración para el próximo miércoles en las afueras del Congreso de la Nación cuando en el Senado se trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, la CGT centra su atención en la estrategia para frenar la iniciativa, asegurando que el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobarla. La idea de la central obrera es juntar las voluntades suficientes para voltear los puntos “cruciales”, evaluando la judicialización como otra de las vías posibles, tal como sucedió con el Mega DNU de diciembre del 2023.
El triunvirato conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello piensa a la reforma laboral como “una larga guerra de varias batallas”, en la que el paro general es una carta valiosa pero que debe ser jugada en el momento idóneo. El triunvirato confía en que varios legisladores dialoguistas con el Presidente aprobarán el proyecto en general pero, al momento de discutir cada artículo en particular, no acompañarán la iniciativa libertaria.
Los principales artículos a los que apuntan a licuar los sindicalistas contemplan la ampliación de las actividades que se consideran “esenciales”, que garantiza servicios mínimos en determinados rubros en días de paro; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, priorizando los acuerdos particulares por empresa, anulando la capacidad de negociación de los sindicatos; las modificaciones en las cuotas solidarias que aportan los trabajadores no afiliados al gremio y la creación de un Fondo de Asignación Laboral (FAL), en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.
El as bajo la manga que guarda la central obrera es la judicialización de aquellos puntos que sorteen el filtro legislativo y que considera que difícilmente sean considerados constitucionales en cualquier juzgado laboral. Sin embargo, desde la conducción advierten que la anulación en la justicia “no será tan fácil” como con el Mega DNU.
