Durante la mañana se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización contra Mariela Altamirano y Michel González, imputados en la causa por la muerte del menor Ángel López.
En el marco de la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare legal la detención de ambos, se formalice la investigación en su contra y se disponga la prisión preventiva. Las defensas, en tanto, no objetaron la legalidad de las detenciones, aunque sí se opusieron a la apertura de la investigación y al dictado de la medida cautelar, proponiendo en su lugar la libertad con medidas sustitutivas.
Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió avalar la detención, dar inicio a la investigación penal preparatoria y ordenar la prisión preventiva de los imputados por el plazo de seis meses, tal como había sido requerido por la fiscalía.
Según lo expuesto por el fiscal jefe, el hecho bajo investigación ocurrió entre el 1 y el 5 de abril, cuando el menor se encontraba al cuidado de su madre y de la pareja de esta. De acuerdo a la hipótesis fiscal, González habría aplicado al menos 20 golpes en la cabeza del niño, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento el 6 de abril. En tanto, a Altamirano se le atribuye no haber intervenido para evitar las agresiones, configurando una responsabilidad por omisión.
La calificación provisoria del hecho es de homicidio simple para González y homicidio agravado por el vínculo para Altamirano, ambos en carácter de coautores.
Por su parte, la defensa de González cuestionó la solidez de la acusación al sostener que la inflamación cerebral mencionada por la médica forense podría tener diversas causas, y que no existen elementos concluyentes que lo vinculen directamente con el hecho. En la misma línea, las defensoras de Altamirano señalaron inconsistencias en el recorte temporal planteado por la fiscalía y remarcaron que las lesiones no eran visibles externamente.
Frente a estos planteos, los fiscales insistieron en que existen indicios suficientes que sostienen la probabilidad de autoría de ambos imputados, además de remarcar riesgos procesales como la posibilidad de fuga —al no contar con arraigo en la ciudad— y el eventual entorpecimiento de la investigación mediante influencia sobre testigos.
Las defensas reiteraron su oposición a la prisión preventiva y solicitaron medidas alternativas, como presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición de salir de la ciudad.
No obstante, el magistrado resolvió hacer lugar a lo solicitado por la fiscalía, fundamentando su decisión en la gravedad del hecho y en los riesgos procesales planteados, ordenando la prisión preventiva de ambos imputados por seis meses.
