Un proyecto para levantar la prohibición y regular la actividad
La iniciativa contempla dos aspectos centrales dentro de un mismo proyecto. Por un lado, se busca eliminar la prohibición que rige desde 2016 y que impide formalmente el funcionamiento de aplicaciones de transporte en Puerto Madryn.
Por otra parte, el proyecto establece una regulación específica para los vehículos y conductores que utilicen estas plataformas.
“El proyecto original que presenté hace dos años y medio era levantar la prohibición. Después se pudo negociar para que en el mismo proyecto se incorpore la regularización”, explicó el edil.
El debate incluyó reuniones y լսas con los distintos sectores involucrados, tanto quienes están a favor como quienes se oponen a la llegada de estas aplicaciones.
Además, se aguardó una definición de la Justicia antes de avanzar con el tratamiento legislativo. Según explicó el concejal, la Justicia consideró que no correspondía expedirse sobre la constitucionalidad de la iniciativa, lo que permitió continuar con el proceso legislativo.
No habrá cupo para los vehículos
Uno de los puntos principales de la futura regulación será que no existiría un límite en la cantidad de vehículos que puedan inscribirse para trabajar mediante Uber, Cabify o Didi.
Sin embargo, los conductores deberán cumplir con determinados requisitos y obtener la correspondiente habilitación municipal.
El concejal consideró que inicialmente podría producirse una gran cantidad de inscripciones, aunque sostuvo que posteriormente el propio funcionamiento del mercado podría generar una reducción natural de la cantidad de conductores.
“Creemos que se va a inscribir mucha gente y después el mismo mercado va a ver si le da o no el negocio. Es la experiencia que sucedió en otras ciudades”, señaló.
Vehículos de hasta 10 años y licencia profesional
Entre los requisitos previstos, los vehículos deberán tener una antigüedad máxima de 10 años y los conductores deberán contar con licencia profesional.
También se exigirán condiciones similares a las que actualmente deben cumplir taxis y remises, como seguros para pasajeros con coberturas adecuadas y condiciones mecánicas necesarias para transportar hasta cuatro pasajeros.
Además, los vehículos deberán estar habilitados por el municipio y contarían con algún tipo de identificación, aunque no necesariamente mediante un cartel visible como ocurre con otros servicios de transporte.
Uber deberá ser solicitado únicamente a través de la aplicación
Otro de los puntos centrales de la ordenanza establecería diferencias entre el funcionamiento de taxis y vehículos de aplicaciones.
Los taxis serían los únicos habilitados para levantar pasajeros directamente en la vía pública o en las paradas correspondientes. En cambio, quienes trabajen mediante Uber, Cabify o Didi deberán ser convocados exclusivamente a través de la aplicación.
La iniciativa también permitiría que los propios taxis utilicen plataformas como Uber.
En ese caso, si un taxi es solicitado mediante la aplicación, cobraría la tarifa establecida por la plataforma. Si el pasajero lo solicita por teléfono o mediante el sistema tradicional, el servicio funcionaría con la tarifa habitual del taxi.
Convivencia de tarifas
Respecto a los precios, durante un período convivirían las tarifas de los servicios tradicionales con aquellas establecidas por las aplicaciones.
Consultado sobre quién fijaría el valor de los viajes en Uber, el concejal fue claro: “Uber”.
En ese sentido, consideró personalmente que, con el tiempo, podría producirse un equilibrio entre ambos sistemas.
“Creo que Uber va a subir los precios y que los taxis van a bajar los precios. Es una opinión personal y el tiempo lo dirá, pero lo digo por la experiencia de otras ciudades”, expresó.
Habrá controles municipales
La futura normativa también contemplaría mecanismos de control para evitar que vehículos no registrados trabajen mediante las aplicaciones.
Si bien la cantidad de unidades habilitadas sería ilimitada, todos los conductores deberán cumplir con los requisitos establecidos por el municipio.
El concejal indicó que la tarea de fiscalización quedará principalmente en manos del Ejecutivo Municipal.
También se analizaron situaciones particulares vinculadas al transporte hacia áreas protegidas y actividades turísticas, un aspecto planteado durante las discusiones del proyecto.
“Hay que decidir si funcionan legalmente o ilegalmente”
Para el concejal, uno de los principales cambios respecto a debates anteriores tiene que ver con una nueva decisión política frente a una realidad que, según sostuvo, ya existe en Puerto Madryn.
“Las aplicaciones ya están funcionando. Entonces se elige entre que funcionen legalmente o que funcionen ilegalmente. Antes se debatía si funcionaban o no”, afirmó.
Además, consideró que la llegada formal de las plataformas podría generar nuevas oportunidades laborales en la ciudad.
De concretarse el acuerdo político, el proyecto podría llegar al recinto el próximo 10 de septiembre, en una sesión que podría marcar un cambio significativo en el sistema de transporte de pasajeros de Puerto Madryn.
