En una entrevista realizada por el periodista Gustavo Huentelaf, de FM Patagonia 105.5.
El proyecto surgió a partir de aportes realizados por distintos sectores vinculados al transporte y el turismo, además de taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones. El objetivo es regular una actividad que ya funciona en la ciudad y que, de acuerdo con los impulsores de la iniciativa, cuenta con una amplia utilización por parte de los usuarios.
Registro de choferes y vehículos
Uno de los puntos centrales es la creación de un registro para choferes, vehículos y empresas de aplicaciones. Los conductores deberán cumplir requisitos similares a los exigidos actualmente para otros servicios de transporte, entre ellos contar con carnet profesional, certificado de antecedentes penales y condiciones de higiene.
Los vehículos, además, deberán atravesar dos inspecciones anuales, al igual que taxis y remises.
El proyecto también establece que los automóviles utilizados para prestar el servicio no podrán superar los 10 años de antigüedad.
Taxis y remises también podrían trabajar con aplicaciones
La iniciativa contempla además la posibilidad de que taxis y remises puedan desempeñarse mediante aplicaciones, incorporándose al nuevo esquema de transporte.
Otro de los cambios propuestos es la liberación de las tarifas. Según lo explicado, los valores podrían ser establecidos por las aplicaciones, las paradas de taxis o las agencias de remises, dentro de un parámetro general. La idea es que el mercado termine regulando los precios mediante la oferta y la demanda.
En ese sentido, se planteó que actualmente un viaje que puede costar alrededor de $10.000 en un servicio tradicional puede tener un valor significativamente menor mediante una aplicación.
Eliminación del CUD y suspensión de multas
El proyecto también propone eliminar el CUD, que reúne en un único pago mensual conceptos vinculados a Ingresos Brutos y tasas, una medida que alcanzaría a taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones.
Además, se establecería un período de 180 días durante el cual quedarían suspendidas las multas y sanciones, con el objetivo de permitir la adecuación y regularización del sistema.
La propuesta contempla también derogar la ordenanza que actualmente prohíbe las aplicaciones y dejar sin efecto la normativa que establece las tarifas de taxis y remises.
Las aplicaciones deberían pagar un canon
Las empresas propietarias de las aplicaciones también quedarían alcanzadas por una obligación tributaria local. El proyecto prevé el pago de un canon, cuya cuantía deberá establecerse.
Según se explicó durante la entrevista, los impulsores de la iniciativa consideran que las empresas pueden ser identificadas y alcanzadas por las obligaciones correspondientes debido a la trazabilidad de las operaciones y a la existencia de domicilios declarados.
Seguro y condiciones para los pasajeros
En materia de seguridad, el proyecto establece que los vehículos utilizados por las aplicaciones deberán contar con seguros en condiciones similares a las exigidas para taxis y remises.
El servicio, además, funcionaría bajo la modalidad punto a punto: el conductor llevaría al pasajero desde el lugar solicitado hasta su destino, sin poder levantar pasajeros durante el recorrido.
También se aclaró que los conductores de aplicaciones no podrán realizar servicios turísticos, debido a que esa actividad cuenta con una regulación específica y requiere cumplir otros requisitos.
El proyecto podría llegar al recinto la próxima semana
Desde el sector que impulsa la iniciativa consideran que el proyecto está en condiciones de avanzar y que podría ser tratado en la sesión del jueves de la próxima semana, aunque para su aprobación será necesario reunir los consensos dentro del Concejo Deliberante.
El planteo también contempla las distintas situaciones judiciales que se fueron generando alrededor de la prohibición de las aplicaciones y las medidas presentadas por conductores y empresas.
La postura de quienes impulsan la regulación es que las aplicaciones ya forman parte de la realidad cotidiana de la ciudad y que, en lugar de mantener una prohibición, corresponde establecer reglas para garantizar condiciones de seguridad tanto para los conductores como para los pasajeros.
