Preocupación del Colegio de Abogados por irregularidades en el Poder Judicial de Chubut

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn manifestó su fuerte preocupación ante diversas decisiones adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, que —según denuncian— comprometen principios esenciales del sistema judicial como la legalidad, la equidad, la transparencia y el acceso permanente a la justicia.

A través de un comunicado oficial, la institución presidida por Gustavo Cruz apuntó contra acordadas del STJ que otorgan aumentos salariales extraordinarios a sus miembros, al Procurador General y al Defensor General, bajo conceptos como “gastos de investidura”. En algunos casos, los incrementos representarían hasta un 60% sobre los sueldos actuales. La preocupación central radica en que estas decisiones fueron adoptadas sin respetar el principio de porcentualidad que impone la Ley I N.º 301, ni difundidas públicamente como exige la normativa vigente.

También se advirtió sobre el uso de partidas presupuestarias sin rendición de cuentas, etiquetadas como “gastos reservados” o “sin discriminar”, lo que atenta contra los principios de control y responsabilidad en la gestión de fondos públicos. A esto se suma la reiterada designación directa de funcionarios judiciales en cargos jerárquicos, sin sustanciación de antecedentes ni concursos.

Desde el Colegio de Abogados expresaron su solidaridad con los trabajadores judiciales que reclaman mejores condiciones laborales y exigieron que se respeten los derechos salariales establecidos por ley. Señalaron además que el STJ debe ofrecer explicaciones públicas, actuar con austeridad y garantizar la legalidad y transparencia en sus decisiones administrativas y de gestión.

Por último, la entidad recordó que ya había expresado su disconformidad respecto de ciertas designaciones en el Superior Tribunal, y consideró que la gestión actual se caracteriza por una fuerte concentración de beneficios, opacidad en la información pública y un alejamiento de los valores republicanos que deben regir al Poder Judicial