La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “Vialidad”.
El fallo ratifica lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en 2022 y por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su mandato.
La Corte descartó el delito de asociación ilícita, tal como lo habían hecho las instancias anteriores, pero dejó firme la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La decisión del máximo tribunal complica las aspiraciones electorales de la ex mandataria, quien había sido propuesta como posible candidata a legisladora provincial en Buenos Aires en las elecciones del próximo 7 de septiembre. La inhabilitación dictada por la Justicia le impide competir por cargos públicos, salvo que obtenga un fallo favorable en instancias internacionales.
Tras conocerse la noticia, Cristina Kirchner participó de un acto en la sede del Partido Justicialista, donde afirmó que la condena tiene “una motivación política” y que su eventual detención sería “un certificado de dignidad”. Aseguró también que no dejará de militar y llamó a mantenerse movilizados frente a lo que calificó como “una maniobra de proscripción”.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas anunciaron concentraciones y cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires en respaldo a la vicepresidenta, mientras desde el oficialismo se multiplicaron los cuestionamientos al Poder Judicial. La CGT advirtió sobre una “grave alteración institucional” y dirigentes como Axel Kicillof y Sergio Massa manifestaron su apoyo a la ex mandataria.
El calendario electoral bonaerense establece como fecha límite para la presentación de listas el 19 de julio. Aunque aún podría presentarse una apelación ante tribunales internacionales, la decisión de la Corte Suprema cierra las vías judiciales ordinarias en el país