En una decisión que generó amplio rechazo por parte de diversos sectores políticos y sociales, el presidente Javier Milei vetó tres leyes aprobadas por el Congreso Nacional que apuntaban a mejorar la situación de sectores especialmente vulnerables. La medida se fundamentó en razones fiscales, pero fue interpretada por la oposición como un gesto de insensibilidad frente a las urgencias sociales que atraviesa el país.
Entre las normativas vetadas se encuentra el proyecto de aumento para jubilados, que contemplaba una suba adicional del 7,2 % respecto al ajuste otorgado en enero, así como un bono previsional que buscaba elevar el monto actual de $70.000 a $110.000. La propuesta había sido avalada por ambas cámaras con el objetivo de amortiguar la pérdida de poder adquisitivo en uno de los sectores más castigados por la inflación.
También fue rechazado el proyecto que proponía la prórroga de la moratoria previsional, un mecanismo que permitió a miles de personas sin aportes suficientes acceder a una jubilación mínima. Con esta decisión, el Gobierno interrumpe una política pública que había sido clave para garantizar el derecho a la seguridad social a quienes no pudieron completar los 30 años de aportes exigidos por ley.
La tercera ley vetada fue la declaración de emergencia para personas con discapacidad, que buscaba reforzar el acceso a prestaciones, servicios y recursos destinados a este colectivo, históricamente relegado en materia de políticas públicas. La medida apuntaba a garantizar atención prioritaria en un contexto económico y sanitario crítico.
Desde el Ejecutivo se sostuvo que estas leyes implicaban un gasto público “excesivo” y que, en el marco de la política de ajuste y déficit cero que impulsa el Gobierno, resultaban inviable. El presidente Milei defendió su decisión y advirtió que vetará cualquier proyecto que, a su juicio, comprometa el orden fiscal.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El dirigente Juan Grabois fue uno de los más duros al señalar: “Vos no estás por encima de la ley. Si no te gusta lo que vota el Congreso, tomáte el palo”, en clara alusión a la actitud confrontativa del mandatario con el Poder Legislativo.
Las organizaciones de jubilados, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos también expresaron su repudio, señalando que la decisión presidencial representa un retroceso en materia de protección social y demuestra un desinterés por las consecuencias humanas del ajuste económico.
Mientras el Gobierno reafirma su rumbo basado en el recorte del gasto público, crece la tensión institucional con el Congreso y se profundiza el malestar entre los sectores más afectados por las medidas de ajuste.
