El proyecto de un nuevo Código General de Procesos No Penales para Chubut quedó en el centro de una discusión que involucra al Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura, los colegios de abogados, magistrados y la Defensa Pública. Desde Puerto Madryn, el Colegio de Abogados sostiene una postura crítica y reclama que cualquier reforma procesal surja de un diagnóstico serio y de la participación de todos los actores del sistema.
Una reunión para abrir el debate
Cruz explicó que el encuentro se realizó el lunes en el Superior Tribunal de Justicia, convocado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial, doctora Aguilera. Participaron representantes de los colegios de abogados de Puerto Madryn, Trelew y Esquel, mientras que los colegios de Sarmiento y Comodoro Rivadavia no pudieron asistir por cuestiones de agenda y distancia. Según señaló Cruz, desde Comodoro Rivadavia ya habían manifestado su adhesión a los cuestionamientos planteados.
También estuvieron presentes el procurador general, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chubut, Karina Estefanía, un representante de la Defensa Pública y autoridades del Superior Tribunal de Justicia.
Durante la reunión se produjo un intercambio de posiciones y se planteó la necesidad de conformar una comisión interdisciplinaria que permita elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento actual de la Justicia provincial antes de avanzar con una reforma integral.
«Lo conveniente es directamente dejarlo de lado, empezar de cero y hacer un análisis serio con todos los involucrados respecto del estado de situación de la provincia», sostuvo Cruz al explicar la postura de los colegios.
Cuestionamientos al contenido del proyecto
El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn señaló que las críticas no se limitan a aspectos puntuales del articulado, sino que alcanzan los principios generales, la técnica legislativa y el rol que el proyecto le asigna a los distintos actores del proceso judicial.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las amplias facultades que se otorgarían a los jueces, tanto para dirigir los procesos como para intervenir en la producción de prueba y aplicar sanciones a los abogados.
Desde los colegios sostienen que el modelo debería preservar un esquema adversarial, en el que las partes tengan un papel central en el desarrollo del proceso y el juez se concentre en resolver las posiciones planteadas.
Cruz también cuestionó la limitación de los recursos judiciales prevista en el proyecto, al considerar que podría restringir la posibilidad de revisar decisiones y, en determinados casos, dificultar el acceso a instancias superiores, incluido el Superior Tribunal de Justicia y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A esto se suman observaciones sobre la incorporación del precedente judicial, el instituto de jurados en materias que los abogados consideran ajenas a su naturaleza y las facultades previstas para los jueces en procesos colectivos.
«No se puede discutir artículo por artículo»
Para Cruz, la cantidad y profundidad de los cuestionamientos hacen difícil pensar en una modificación parcial del proyecto.
La postura de los colegios es que avanzar simplemente corrigiendo algunos artículos podría terminar desvirtuando la estructura general del código. Por eso plantean detener el tratamiento y comenzar nuevamente el proceso, con participación de todos los sectores.
«Son tantas las críticas y los cuestionamientos que de ir modificando el articulado, aunque sea en parte, se desvirtuaría y quedaría un sinsentido jurídico», explicó.
En ese sentido, la propuesta es conformar una comisión integrada por representantes de los colegios de abogados, magistrados, Superior Tribunal de Justicia y Defensa Pública, entre otros actores, para determinar primero si resulta necesaria una reforma y, en caso afirmativo, definir qué tipo de Justicia se pretende construir.
También hay resistencia dentro de la Justicia
Otro de los aspectos destacados por Cruz fue que las objeciones no provienen únicamente de los abogados.
Según explicó, durante el encuentro también se hizo referencia a la preocupación existente entre jueces de primera instancia, quienes entienden que el nuevo esquema podría incrementar considerablemente sus responsabilidades y carga de trabajo.
El proyecto otorgaría mayores facultades a los jueces de primera instancia, trasladando hacia ellos funciones que actualmente se encuentran distribuidas en distintas etapas del proceso.
Para Cruz, esta situación demuestra que la discusión excede ampliamente a los abogados y alcanza al funcionamiento general del Poder Judicial.
El interrogante sobre los recursos
Uno de los puntos centrales planteados durante la reunión fue la viabilidad económica y material de implementar una reforma de semejante magnitud.
Cruz advirtió que un sistema con mayor cantidad de audiencias orales y nuevas exigencias procesales requeriría recursos humanos, infraestructura, tecnología y espacios físicos adecuados.
«Hoy hay juzgados que están trabajando con recursos limitados», señaló, y puso como ejemplo la situación de Lago Puelo, donde, según explicó, jueces de Paz y del fuero Civil comparten espacio de trabajo.
En ese contexto, consideró difícil pensar en la implementación de salas de audiencias, nuevos sistemas tecnológicos y mayores estructuras judiciales sin una planificación presupuestaria previa.
¿Por qué una reforma ahora?
Otro de los principales interrogantes planteados por los colegios es cuál es el diagnóstico que justifica una reforma integral en este momento.
Cruz reconoció que existe un mandato constitucional para propender a la oralidad de los procesos y que el actual Código Procesal tiene alrededor de 40 años. Sin embargo, sostuvo que eso no implica necesariamente que el sistema actual haya dejado de funcionar.
También destacó los avances producidos en los últimos años, particularmente a partir de la digitalización de expedientes y procedimientos que se profundizó durante y después de la pandemia.
«Hay cuestiones que se han visto notablemente mejoradas. Obviamente que hay falencias y hay temas por mejorar, pero no se advierte hoy cuál es el hito que hace que sea necesaria una reforma tan radical», sostuvo.
El origen del proyecto, otro punto de discusión
Cruz también consideró llamativo el mecanismo mediante el cual se originó el proyecto.
Según explicó, la Legislatura encomendó al Superior Tribunal de Justicia la elaboración de un nuevo Código de Procesos No Penales. A partir de esa solicitud se conformó una comisión integrada por camaristas que trabajó en la redacción del texto.
Para el Colegio de Abogados, resulta cuestionable que el Poder Legislativo haya delegado en el Poder Judicial la elaboración de un proyecto de esta naturaleza.
«Resultó también por demás llamativo y fue también observado y cuestionado por los colegios de abogados», señaló.
Además, Cruz remarcó que los colegios no fueron convocados durante el proceso de elaboración, pese a que el proyecto venía trabajándose desde agosto del año pasado.
Ahora esperan la decisión de la Legislatura
Si bien los colegios no consiguieron que el proyecto sea retirado del trámite legislativo, Cruz valoró como positivo que se haya abierto una instancia de discusión.
La expectativa ahora está puesta en que la Legislatura defina cómo continuará el tratamiento y que se conforme una comisión con participación de los distintos sectores para analizar primero el estado actual de la Justicia y, a partir de ese diagnóstico, definir si corresponde avanzar con una reforma.
«Se abre una instancia de análisis, de discusión y espero que sea de consenso también, que se pueda lograr algo que contemple los intereses de todos los involucrados y que en definitiva redunde en una mejor administración de justicia en la provincia», expresó.
Seminario sobre el proyecto en Puerto Madryn
Mientras continúa la discusión institucional, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn decidió profundizar el análisis académico del proyecto.
Desde este jueves comenzará un seminario crítico que se desarrollará en cuatro jornadas, con participación presencial y remota, destinado a profesionales, integrantes del sistema judicial y personas interesadas en la temática.
Entre los especialistas convocados se encuentran juristas de reconocida trayectoria nacional, como Alvarado Velloso y Gustavo Calviño, autor del proyecto del nuevo Código Procesal que entró en vigencia en la provincia de Neuquén.
Desde el Colegio anticiparon que la discusión continuará más allá de lo que ocurra en la Legislatura, con el objetivo de aportar elementos técnicos al debate y analizar qué tipo de reforma procesal necesita realmente Chubut.
Para Cruz, el objetivo final debe ser mejorar el servicio de Justicia, pero sin avanzar sobre el rol de los abogados ni restringir las herramientas que tienen los ciudadanos para defender sus derechos.
