Con amplio acompañamiento de expertos provinciales y nacionales, comenzó en la Legislatura del Chubut el debate del proyecto que busca mejorar la seguridad pública en toda la provincia.
El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles una jornada informativa para abordar detalles de la Reforma del Código Procesal Penal que tiene como objetivo principal contribuir a mejorar la seguridad pública de la provincia. La misma se realizó en el recinto de la Honorable Legislatura del Chubut, y fue organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Durante la jornada, estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, Gustavo Menna; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; y el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner; habiendo contado también con una amplia participación de diversos integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.
“Terminar con la puerta giratoria”
En la apertura de la jornada, el ministro Iturrioz celebró “la celeridad que se intenta darle al proceso penal”, y sostuvo que “la primera modificación está vinculada con el procedimiento de enjuiciamiento en flagrancia o juicio rápido».
«En estos casos, se habla de la posibilidad de hacer la acusación en forma oral durante la audiencia de control de detención y la apertura de investigación procesal», señaló Iturrioz, añadiendo que «tuve la oportunidad de litigar con este procedimiento rápido y lo celebro porque quita la faz burocrática del sistema”.
Continuando, refirió que “el efecto inmediato en la seguridad es que se termine con la ‘puerta giratoria’, que hoy por hoy hace que el autor de un ilícito recupere la libertad casi inmediatamente, mientras que el denunciante y la Policía quedan atados a las tareas procesales”.
En tal sentido, consideró que “la sociedad chubutense demanda seguridad y prevención, y si logramos mejorar esas situaciones, el sistema punitivo estatal de la Justicia va a estar menos congestionado”.
“Estas reformas van a agilizar los procesos, haciendo que se respete el plazo de 48 horas, porque nos permitirán llevar el informe de las cámaras y pedir un juicio rápido», explicó el titular de la cartera provincial, quien también agregó: «El sistema procesal consiste en coordinar acciones para lograr una mayor efectividad, y es por eso que soy partidario de la realización del juicio rápido”.
Participación del jefe de la Policía del Chubut
Asimismo, y en un hecho inédito para una actividad de estas características, el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, tuvo la oportunidad de manifestarse en la Legislatura para fijar la posición institucional de la fuerza que preside.
Al respecto, expresó que “los policías somos los operadores primarios del sistema», se mostró muy satisfecho por la invitación a disertar en el recinto, ya que «no hay antecedentes de anteriores Comisiones que hayan convocado a los jefes policiales para que brinden su opinión”.
“Entendemos como beneficiosa la modificación para achicar los plazos y suspender el juicio a la audiencia preliminar teniendo en cuenta, como decía el ministro Iturrioz, que nos insume muchos recursos humanos y materiales”, reconoció García.
Además, valoró la modificación que se pretende incluir con la creación del juez de flagrancia. “Hace pocas semanas en Trelew, una mujer fue víctima de un despojo de sus pertenencias de manera violenta, y pesar que la Fiscalía solicitó el juicio rápido, los jueces lo denegaron”, expresó el funcionario provincial, detallando que “en estos casos puntuales, sería necesario contar con un juez de flagrancia”.
Cierre y agenda futura
El cierre de la jornada estuvo a cargo del procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, quién resaltó que a lo largo de los sucesivos debates se buscó determinar la pertinencia de los diversos instrumentos legislativos que, en un marco de mayor dinamismo, permitan a las autoridades judiciales contar con herramientas legales a través de las cuales poder hacer frente a la creciente ola delictiva.
De igual manera detalló que, en una próxima instancia, los diputados evaluarán este proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales para sacar su dictamen y, posteriormente, avanzar en el correspondiente tratamiento parlamentario dentro del recinto.
