El Gobierno nacional oficializó la disolución de Vialidad Nacional y de otros organismos vinculados a la infraestructura vial y la seguridad en el transporte, a través del Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida fue confirmada tras una jornada de protestas de trabajadores en distintas provincias del país.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (Seguridad). A través de este instrumento, se dispuso la disolución total de tres organismos clave: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Además, se anunció una profunda reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y de la Junta de Seguridad en el Transporte, que reducirá su alcance y funciones.
La nueva Agencia dependerá del Ministerio de Economía y tendrá amplias facultades, incluyendo la fiscalización de contratos de concesión vial, ferroviaria y del transporte terrestre de jurisdicción nacional. También podrá aplicar sanciones, conducir investigaciones técnicas y gestionar el cobro de tasas y aranceles por sus tareas de control.
Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte se transformará en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con funciones limitadas al ámbito del transporte aéreo civil, en línea con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Según el Ejecutivo, la medida busca optimizar el funcionamiento del Estado, eliminar estructuras administrativas consideradas innecesarias y reducir gastos operativos, bajo criterios de eficiencia, profesionalización y control.
La decisión se adopta a pocas horas del vencimiento de las facultades delegadas para implementar la Ley Bases, previsto para este miércoles 9 de julio, lo que refuerza el carácter urgente y prioritario que el Gobierno otorga a esta reforma
