El Ejecutivo oficializó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaba extender la emergencia del sector hasta 2026 y crear una nueva pensión no contributiva compatible con empleo formal. Organizaciones denunciaron abandono del Estado y alertaron sobre el colapso de servicios esenciales.
Tras la decisión presidencial, miles de manifestantes se concentraron en las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, frente al Congreso. La protesta comenzó de manera pacífica, pero la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional activaron el protocolo antipiquetes e instruyeron a los manifestantes para que se subieran a las veredas. Ante la negativa, se produjeron enfrentamientos y empujones que tensaron el clima en las inmediaciones del palacio legislativo.
Desde la Fundación Vitra, Alberto Savi expresó: “Estamos teniendo muchos problemas económicos. Los prestadores no reciben aumentos desde octubre… los costos de mantenimiento de los vehículos y los combustibles aumentaron y tenemos que absorberlos nosotros”.
Oscar Marchetti, del Centro Psicoasistencial Espacios, agregó: “Trabajamos con unas 70 personas … si esto sigue así, en seis meses o menos vamos a tener que cerrar”.
El lunes, el veto fue publicado en el Boletín Oficial. La ley sancionada en julio había sido aprobada por ambas cámaras y contemplaba aumentos automáticos de aranceles a prestadores y un presupuesto estimado de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado condenando la medida: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”. Advirtieron que muchos prestadores están al borde del cierre y que las ayudas eran insuficientes.
Fuente: Perfil.com – Tras el freno del gobierno a la ley de emergencia en discapacidad, hubo enfrentamientos en las afueras del Congreso
